CGU y la resolución del Parlamento de la UE sobre abusos de derechos en Filipinas
El Consejo de Sindicatos Globales (CGU, por sus siglas en inglés), que representa a más de 200 millones de trabajadores de toda la Confederación Sindical Internacional (CSI) y Federaciones Sindicales Internacionales, incluido el Comité Asesor Sindical de la OCDE, se une a los sindicatos filipinos para condenar los continuos ataques del gobierno filipino contra instituciones democráticas y su implacable supresión de los derechos democráticos de los trabajadores filipinos.
La resolución habla de ejecuciones extrajudiciales, represión de fuerzas independientes en los medios de comunicación, incluida Maria Ressa de “Rappler” y el grupo mediático más grande, ABS-CBN, y la persecución de los líderes de la oposición, incluidos los parlamentarios electos. También menciona cómo el movimiento sindical filipino se ha quejado de la represión de los derechos de los trabajadores, incluso a través de "etiquetas rojas ", desapariciones y asesinatos de líderes laborales y sindicalistas. También se cita a las organizaciones independientes de la sociedad civil y los pueblos indígenas como víctimas de ataques.
La resolución del PE se refiere a los esfuerzos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y otros, pero también pide la acción de la Unión Europea. Desde el 25 de diciembre de 2014, Filipinas ha mejorado sus preferencias comerciales en el marco del Sistema de preferencias generalizadas de la UE (GSP+). El Presidente Duterte asumió el cargo en junio de 2016. La resolución establece que, a pesar de "importantes retrocesos en el historial de derechos humanos del país, la UE hasta ahora no ha activado el mecanismo que podría conducir a la suspensión de estos beneficios comerciales".
La carnicería que todavía está ocurriendo en Filipinas, la flagrante violación de los derechos humanos y a las normas laborales internacionales y la creación orquestada de un clima de miedo para aplastar a las fuerzas independientes y silenciar las voces disidentes requiere una respuesta internacional. Filipinas, bajo la presidencia de Duterte, ha iniciado el período más brutal y represivo en la historia de ese país desde el fin de la dictadura del Presidente Marcos en 1986.
La CGU se siente alentada por la acción del Parlamento Europeo y apoya las iniciativas para invocar el mecanismo de la Comisión Europea para examinar la suspensión de los beneficios del GPS+. Esta acción es una buena noticia para el pueblo de Filipinas y para todos los que luchan por los derechos humanos y la democracia. Esperamos que esta resolución acelere un futuro mejor y más decente, de modo que Filipinas pueda volver a ser bienvenida en las filas de las naciones democráticas.