Convocatoria por el reconocimiento de SST como derecho fundamental gana impulso en España

La campaña de la ICM para persuadir a las empresas, grandes o pequeñas, de que se comprometan con una declaración que reconozca la salud y la seguridad en el lugar de trabajo está ganando impulso.


En España, la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT FICA) y las Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) firmaron una declaración  con las principales constructoras del país, a saber, Obrascón Huarte Lain (OHL), ACCIONA Construcción, Sacyr, Ferrovial, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) y Dragados. 


Dichas empresas, que emplean a un gran número de trabajadores de la construcción españoles, coincidieron en que garantizar los más altos estándares de salud y seguridad en el lugar de trabajo es una contribución esencial a la respuesta global y colectiva a la pandemia de COVID-19. Al aceptar la declaración, las empresas suman sus voces al llamado urgente para mejorar la aplicación de las normas internacionales de seguridad y salud ocupacional en todo el mundo.


La declaración también pide a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconozca la salud y la seguridad en el trabajo como un derecho fundamental de todos los trabajadores. Al hacerlo, elevará el estado de la salud y seguridad en el lugar de trabajo al mismo nivel que el derecho a afiliarse a un sindicato, negociar colectivamente, a estar libre de discriminación en el lugar de trabajo y del trabajo infantil. También alentará a los gobiernos a ratificar y aplicar plenamente los convenios de la OIT relacionados con la salud y la seguridad de los trabajadores. 


Como parte de la conmemoración de este año del Día Internacional del Trabajador, la ICM lanzó la Campaña Alianza Global por la Salud y Seguridad en el Trabajo para demostrar que existe un amplio apoyo mundial por el reconocimiento de la salud y la seguridad como un derecho fundamental entre sindicatos y empleadores. La ICM afirmó que esto garantizaría una mayor responsabilidad por parte de los gobiernos y los empleadores para cumplir las normas internacionales del trabajo sobre salud y seguridad.