ICM da la bienvenida a la resolución del parlamento de la UE contra abusos a derechos humanos en Filipinas

La ICM acogió con satisfacción la aprobación, por parte del Parlamento Europeo, de una resolución que expresa profunda preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Filipinas bajo la presidencia de Rodrigo Duterte. De esta manera, el PE se une al Consejo de Sindicatos Globales (CGU, por sus siglas en inglés), del que forma parte, para condenar los continuos ataques del gobierno filipino a las instituciones democráticas y su implacable supresión de los derechos democráticos de los trabajadores filipinos. 

La resolución, que fue votada por una abrumadora mayoría de 626 parlamentarios europeos, fue producto de consultas con la ICM, sindicatos filipinos, defensores de los derechos humanos y grupos de la sociedad civil. El PE pidió al gobierno filipino que adopte e implemente todas las recomendaciones proporcionadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de junio de 2020, y condena las miles de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves a los derechos humanos en este país, así como las acciones imparciales. La resolución exige investigaciones independientes sobre la muerte de activistas políticos y disidentes. 

El Secretario General de la ICM, Ambet Yuson, dio la bienvenida a la resolución. Dijo que es un paso audaz y alentador para defender los derechos humanos en este país y que refleja la lucha del pueblo filipino contra la dictadura moderna. 

Yuson también apoyó el llamado de los parlamentarios de la UE a la Comisión Europea para que inicie el procedimiento para revocar temporalmente las preferencias del GPS+ de Filipinas, como respuesta al preocupante historial de violación a los derechos humanos de este país. 

"Esta resolución es sin duda un gran impulso para la lucha contra la dictadura en Filipinas. La escritura en la pared es clara. A menos que el Presidente Duterte abandone sus formas autoritarias, la comunidad internacional, en solidaridad con el pueblo filipino, seguirá imponiendo medidas más fuertes", dijo Yuson. 

La resolución también pidió al gobierno que retire todas los cargos de motivación política contra la senadora Leila de Lima y que sea liberada mientras espera su juicio. La resolución también expresó alarma por el deterioro del nivel de libertad de prensa en Filipinas y condenó la persecución de Maria Ressa y otros periodistas filipinos, así como la negación de la franquicia a ABS-CBN.

Asimismo, la resolución expresó su preocupación por la promulgación de la Ley Antiterrorista, afirmando que en ningún caso la abogacía, la protesta, la disidencia, las huelgas y otros ejercicios similares de derechos civiles y políticos pueden ser considerados como actos terroristas.

Los parlamentarios de la UE pidieron a la UE y a sus Estados miembros que apoyen la adopción de una resolución en la 45a sesión en curso del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para establecer una investigación internacional independiente sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Filipinas desde 2016.