ICM se refiere al asesinato de nueve activistas en Filipinas
Los informes que la ICM ha recibido de nuestras afiliadas y aliadas en Filipinas son extremadamente desconcertantes. En lo que fue apodado como el "domingo sangriento", los activistas, algunos sindicalistas, fueron presuntamente asesinados en un allanamiento orquestado conjuntamente por militares y policías. Este alarmante acontecimiento tuvo lugar en las oficinas y domicilios de las víctimas, dos días después de que el Presidente Rodrigo Duterte diera la orden de "matar a todos" los "comunistas" y rechazo a los derechos humanos. La dirección de la Policía Nacional afirmó que los allanamientos eran legítimos; sin embargo, no se ofreció al público explicación alguna sobre los detalles y circunstancias que llevaron a los asesinatos.
Nos unimos a nuestros afiliados y aliados sindicales en Filipinas para expresar nuestra profunda consternación por la indiferencia de la fuerza policial ante el clamor público de transparencia. Su falta de apertura y sentido de urgencia sobre este grave asunto huele a impunidad. La ICM pide al gobierno filipino que lleve a cabo una investigación rápida, independiente e imparcial sobre este incidente. No es suficiente que sus fuerzas de seguridad afirmen que las redadas fueron legales, al tiempo que niegan a su pueblo lo que realmente sucedió en la ejecución de las llamadas redadas.
También pedimos al Secretario de Trabajo de Filipinas, Silvestre Bello, que convoque inmediatamente a una reunión de coordinación con el Departamento del Interior y Gobierno Local (DILG), el Departamento de Defensa Nacional (DND), el Departamento de Justicia (DOJ), la Policía Nacional de Filipinas (PNP) y la Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP), con el fin de implementar, estrictamente y sin condiciones previas, las "pautas" que han acordado en relación con el ejercicio de los derechos y actividades de los trabajadores.
Además, hacemos un llamado al Presidente Duterte para que abra las puertas de su gobierno a una Misión de Alto Nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el fin de investigar el asesinato de más de 50 sindicalistas bajo su mandato. Al ser miembro de la comunidad global, el Presidente Duterte tiene la obligación de proteger a los trabajadores del abuso estatal y comprometerse con las normas internacionales de derechos humanos.
Por último, hacemos un llamado a la comunidad internacional, en particular al movimiento sindical mundial, para que continúen alzando la voz de denuncia sobre el deterioro de la calidad de la democracia y los derechos humanos en Filipinas. Los sindicatos globales deben aumentar la presión internacional para que el gobierno de Duterte abandone su postura autoritaria. La democracia exige solidaridad. Y la democracia es solidaridad con aquellos a quienes se les niega.