Pakistán: Organismo de control de CFI investiga a fondo queja de trabajadores en represa tras despidos masivos
Los trabajadores del proyecto hidroeléctrico Karot en el norte de Pakistán se han ganado el derecho a una investigación completa con respecto a una denuncia que presentaron ante la Corporación Financiera Internacional (CFI) sobre violaciones de la libertad de asociación, salud y seguridad y otras normas laborales. La decisión de realizar una investigación más exhaustiva se produjo después de que 2.410 trabajadores fueran despedidos en diciembre de 2021 sin consultar previamente con el sindicato o el departamento de trabajo de Pakistán.
Dichos trabajadores son miembros del Awami Labor Union, parte de la Federación de Trabajadores de la Construcción y la Madera de Pakistán (PFBWW), afiliada a la ICM. El Secretario General de PFBWW, Aslam Adil, indicó que no recibieron ninguna explicación sobre el despido masivo, aparte de que el contratista informó que 25 gerentes chinos "se enfermaron de COVID-19".
"Durante años, los trabajadores han alzado la voz sobre la forma en que están siendo tratados. Aunque muchos de nuestros afiliados contrajeron COVID-19, el trabajo nunca se detuvo para ellos. Ha habido violaciones constantes de la legislación laboral de Pakistán, de las normas laborales internacionales y las normas laborales de la CFI. El despido masivo ilegal de trabajadores fue el último de estos abusos. No tenemos palabras para los trabajadores que se quedaron sin empleo e ingresos en medio de una pandemia", afirmó Adil.
Karot es un proyecto hidroeléctrico de 720MW que está construyendo una subsidiaria local de China Three Gorges Corporation, cofinanciado por la Corporación Financiera Internacional, el brazo de capital privado del Banco Mundial.
La evaluación de cumplimiento inicial ha identificado condiciones de vida deficientes en el alojamiento de los trabajadores, malas prácticas de seguridad en el lugar de trabajo, discriminación entre trabajadores chinos y paquistaníes y limitaciones al derecho a la libertad de asociación, en consonancia con las quejas planteadas por PFBWW y la ICM.
La queja de PFBWW y la ICM también destacó cómo la empresa retrasó el registro del sindicato en el proyecto, mientras que un sindicato a favor de la gerencia que no representaba a los trabajadores se registró rápidamente, lo que impidió que el sindicato ALU representara a los trabajadores.
Los afiliados y funcionarios de ALU también fueron amenazados repetidamente por la gerencia de la empresa principal del proyecto. Una importante presencia militar en el lugar de trabajo le dio más peso a estas amenazas y dificultó que los trabajadores plantearan otros problemas relacionados con su alojamiento y el nivel de vida que enfrentaban.
La denuncia alega violaciones de los "estándares de desempeño" de la CFI, reglas que deben cumplir las empresas que trabajan en proyectos financiados por esta organización y que cubren estándares sociales y ambientales. El Estándar de Desempeño 2 cubre el Trabajo y las Condiciones de Trabajo.
"La decisión del organismo de control de la CFI, el Defensor del Pueblo Asesor en Cumplimiento (CAO), de investigar a fondo el tratamiento de los trabajadores en el proyecto de la represa Karot es bienvenida. Esto fortalecerá su credibilidad como inversionista internacional en importantes proyectos de infraestructura", aseguró Apolinar Tolentino, Representante Regional de la ICM para Asia-Pacífico.
Sin embargo, a la ICM le preocupa que el remedio esperado para los trabajadores tras esta investigación no se proporcione a tiempo. Las directrices de la CAO exigen que el borrador del informe de investigación se complete en el plazo de un año. No obstante, solo quedan 3 meses antes de que el proyecto se complete por completo, lo que dificulta el contacto con los trabajadores, muchos de los cuales son trabajadores migrantes internos.
Como respuesta, la ICM hizo un llamado a Makhtar Diop, Director Gerente y Vicepresidente Ejecutivo de la CFI, para que dirija de inmediato la mejora y el remedio apropiados a la mano de obra y las condiciones de trabajo, incluidos los beneficios que fueron terminados de manera ilegal por medio del despido masivo e injusto. La empresa recurrió a esta medida argumentando que antes del primer semestre de este año el proyecto debía estar finalizado.
Las pautas de la CAO requieren que el borrador del informe de investigación se complete dentro de un año y se distribuya a los reclamantes y a la CFI, quienes pueden presentar comentarios antes de que la CAO presente su informe final al Directorio y la Gerencia de la CFI. Si la CAO encuentra incumplimiento con las Normas de Desempeño, la CFI debe explicar cómo abordará estos problemas.