(Foto: Belga)
Las organizaciones afiliadas belgas de la ICM acogieron con beneplácito un acuerdo alcanzado con los interlocutores sociales en el sector de la construcción, firmado el pasado 15 de abril. Este acuerdo hace que las reglas de distanciamiento social en los lugares de trabajo sean una prioridad. Los sindicatos también dijeron que los trabajadores tendrán derecho a negarse a trabajar si un sitio de trabajo tiene uno o más casos de COVID-19, o si un trabajador puede demostrar que él o ella es parte de un grupo en riesgo.
Según el acuerdo, aún se pueden llevar a cabo intervenciones y actividades no urgentes, siempre que se respeten las reglas de distanciamiento social. De lo contrario, el trabajo puede suspenderse total o parcialmente. Para reanudar el trabajo, será necesario recurrir al servicio de prevención interno o externo, del cual es miembro la empresa constructora. Además, estas medidas deberán ser supervisadas por el Comité de Prevención y Protección en el Trabajo o por la delegación sindical. Las pequeñas empresas que no tienen una delegación sindical deberán realizar un análisis de riesgos y ponerlo a disposición de sus trabajadores.
Las intervenciones y actividades urgentes incluyen comprenden trabajo que no puede posponerse por razones de salud o seguridad, así como el trabajo para prevenir daños y garantizar la operación de negocios, empresas y servicios necesarios para proteger intereses vitales y a la población durante la crisis. Los interlocutores sociales también reconocieron que las reglas de "distanciamiento social" deben aplicarse al transporte público de los trabajadores. Si esto no se puede aplicar, se debe proporcionar transporte individual.
Para los trabajadores que ofrecen servicios profesionales, los interlocutores sociales dicen que deben prestar atención y cumplir con las normas establecidas por el Consejo de Seguridad Nacional y la legislación vigente.
Los interlocutores sociales en el sector de la construcción se comprometen a elaborar un protocolo conjunto antes del 21 de abril para permitir que las actividades de construcción se reanuden a más tardar el 4 de mayo, según lo solicitado por la Primera Ministra Sophie Wilmès.