Bulgaria, catalogada como el país más pobre de la Unión Europea, y que recientemente sufre de una grave crisis socioeconómica, se declaró en estado de emergencia el pasado 13 de marzo.
Las escuelas, restaurantes y otros lugares públicos estaban cerrados. También se impuso una prohibición temporal de los viajes de vacaciones nacionales y extranjeros. Si bien muchas empresas han dejado de operar debido a la escasez de materias primas, el gobierno decidió no cerrar la producción industrial considerada como no esencial. Según los informes, esto ha socavado gravemente la seguridad laboral y de ingresos de innumerables trabajadores. Los sindicatos dijeron que muchos trabajadores regulares no tenían más opción que solicitar permisos no pagados. Peor aún, muchos trabajadores han perdido sus empleos, agregaron los sindicatos.
El 24 de marzo, el gobierno adoptó varias disposiciones temporales en la legislación laboral para explorar la posibilidad de que los trabajadores reciban permisos pagados durante un estado de emergencia después de la presión de los sindicatos, incluidas las afiliadas de la ICM.
Los sindicatos han exigido medidas para garantizar la salud, la seguridad y el sustento de los trabajadores durante la crisis, las cuales incluyen: paquetes de compensación salarial para compensar la pérdida de ingresos de los trabajadores, un congelamiento de los precios de bienes esenciales como alimentos y medicamentos y el derecho de los trabajadores a rechazar trabajar en proyectos donde no se siguen los protocolos de salud por el COVID-19.