Los afiliados de la ICM están preocupados por la creciente crisis humanitaria en Ecuador, ya que el brote del COVID-19 ha debilitado el sistema de salud y ha significado en una respuesta inadecuada por parte del gobierno ante la pandemia.
Al 9 de abril, 4.450 casos de COVID-19 fueron registrados en Ecuador y 242 muertes. Los líderes sindicales dijeron que el número de casos y muertes es mucho mayor, pero hay un nivel muy bajo de pruebas para registrar oficialmente los números con precisión en el país.
La ciudad de Guayaquil se encuentra en el epicentro de la crisis y los líderes sindicales informaron que los hospitales están saturados, las morgues están llenas y no hay ambulancias disponibles para recoger a los que han muerto en sus hogares, situación que ha obligado a muchas familias a incinerar los cuerpos de sus seres queridos en las calles o incluso a dejarlos abandonados.
(Foto: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino)
Si bien el gobierno había establecido inicialmente un toque de queda nocturno para frenar la propagación de la enfermedad, ahora se ha impuesto una cuarentena total y limitado movimiento de personas para comprar alimentos y medicamentos. Solo permanecen activos los servicios esenciales. Los trabajadores de la salud han informado que sus compañeros y compañeras están expuestos al virus debido a la falta de equipo de protección personal. Los líderes sindicales dijeron que el gobierno ha priorizado el pago de la deuda externa en lugar de movilizar fondos para comprar suministros médicos muy necesarios para abordar la crisis.
Los trabajadores informales corresponden a cinco millones de los ocho millones del PEA del país y por tanto, no pueden ganarse la vida si se quedan en casa. Los afiliados de la ICM han informado sobre el bono de USD 60 que el gobierno estará otorgando durante dos meses a su población para sobrellevar la crisis; no obstante, este aporte financiero continua siendo extremadamente insuficiente. También informan los sindicatos que han habido pérdidas de empleos y despidos sin compensación. Los empleadores dicen que no pueden pagar a sus trabajadores mientras sus negocios permanezcan cerrados.
La situación política en Ecuador sigue siendo tensa. Solo unos meses antes a esta crisis, se llegó a un acuerdo de paz que puso fin a la represión y la violencia por parte del gobierno en respuesta a las protestas de grupos indígenas, sindicalistas y la sociedad civil movilizada en este país durante el 2019. Las protestas movilizaron a miles de personas contra las reformas económicas y laborales que habrían afectado a los trabajadores del sector público y a las comunidades marginadas.