(FOTO: RICHARD RONNIE GA ON FACEBOOK)
La Coalición Laboral de Nagkaisa instó al Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE) a que brinde apoyo y asistencia inmediata a cerca de 1 millón de trabajadores de la construcción filipinos que fueron abandonados por sus empleadores en proyectos de construcción cerrados desde el 15 de marzo, fecha en que dio inicio la cuarentena preventiva contra el COVID-19 en este país.
En una carta enviada a DOLE el 20 de abril, Sonny Matula, Presidente de Nagkaisa, pidió al gobierno que brinde asistencia humanitaria y financiera para que los trabajadores puedan sobrevivir y que se organicen disposiciones de transporte para que estos obreros puedan regresar a sus hogares de manera segura.
Esta petición fue repetida en una carta enviada por la ICM al Secretario de Trabajo de Filipinas, Silvestre Bello, el pasado 21 de abril. El Secretario General de la ICM, Ambet Yuson, dijo que la ICM apoya la petición de los sindicatos de asegurar asegurar una intervención rápida en favor de los trabajadores de la construcción, especialmente para aquellos con contratos de trabajo intermitentes y sujetos a contratos de trabajo dudosos, con el fin de que estos puedan obtener acceso inmediato a la asistencia financiera.
La ICM dijo que los salarios perdidos de los trabajadores de la construcción ahora son de PHP 16-19 millones (USD 315,000-354,000). Cientos de miles de ellos no están recibiendo un salario justo y que no tienen seguridad de empleo o seguro social. Además de eso, los trabajadores deben soportar largas horas de trabajo sin pago de horas extras, carecen de equipo de protección personal (PPE) y están expuestos a lugares de trabajo muy peligrosos.
"Esperamos que el gobierno filipino pueda aliviar con urgencia las miserias de los trabajadores de la construcción. La asistencia inmediata seguramente cambiará la noción percibida de que el bienestar e interés de los trabajadores de la construcción y sus familias son una ocurrencia tardía", dijo Yuson.
Por su parte, los Sindicatos Asociados (ALU) informaron que están llevando a cabo actividades informativas y continúan brindando servicios directos a sus afiliados y trabajadores en general afectados por la pandemia. Según los informes, el congresista de TUCP y Vicepresidente Nacional de ALU para Mindanao, Raymond Mendoza presentó resoluciones y deliberaciones ante el Congreso sobre el impacto del COVID-19 y las medidas que el gobierno está tomando para salvar vidas, proteger los empleos e ingresos y garantizar asistencia a las empresas afectadas y a los trabajadores.
ALU también ha estado solicitando el pago de un bono de riesgo para los trabajadores del sector salud, el cual se sumaría al que ya estos obreros recibían desde antes de la pandemia, transporte y dormitorios para quienes se reportan a trabajar, permisos pagados de paro de labores durante cuarentena, pago anticipado del Décimo Tercer Mes, subsidio para trabajadores afectados y grupos vulnerables, protocolos de seguridad en el trabajo, moratoria de facturas o cobro de préstamos e intereses, entre otros beneficios.
Mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores Marineros de Filipinas (APSU, por sus siglas en inglés) dijo que explorará las transacciones electrónicas como una opción para atender a sus afiliados en mar abierto y sus familias. El sindicato explicó que actualmente, los afiliados del sindicato pueden aprovechar préstamos, retiros de fondo de previsión, recibir asistencia para la reasignación y en general, los beneficios consignados por Convenio Colectivo, únicamente en los centro de trabajo cuya movilidad se mantiene sin restricciones y el transporte y apoyo logístico son accesibles.