El Sindicato Nacional de la Construcción y Servicios de Guatemala (SINCS-G), organización afiliada a la ICM, expresó esta semana serias preocupaciones sobre las medidas implementadas por el Presidente Alejandro Giammattei para el abordaje de la pandemia COVID-19.
En una declaración enviada en marzo por la Confederación Sindical Nacional Social y Obrera (COSINSO) a varios diputados nacionales, el sindicato destacó la falta de plan del gobierno para abordar los problemas laborales relacionados con el COVID-19.
Se informó que el gobierno ha impuesto un toque de queda preventivo de 30 días a partir de las 4:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.; sin embargo, los sindicatos informaron que las obras de construcción y otros lugares de trabajo todavía están funcionando. Esta situación pone en riesgo la salud, la seguridad y la vida de los trabajadores.
Los afiliados de la ICM dijeron que el toque de queda preventivo ha resultado en el arresto de un número creciente de ciudadanos y la prohibición total de protestas, incluidas huelgas de trabajadores, que ahora conlleva la pena de hasta 6 años de prisión por causa de la declaratoria de emergencia nacional.
"La vida de los trabajadores no puede protegerse si muchos lugares de trabajo, en particular proyectos de construcción, permanecen operando y los afiliados del sindicato no pueden defender sus derechos laborales, incluido el derecho de huelga para hacer cumplir las medidas laborales y de higiene", dijo SINCS-G, que también está afiliada a COSINSO.
Al 25 de marzo, Guatemala tiene 21 casos confirmados de COVID-19 y 1,000 personas en cuarentena. Desde entonces, el gobierno guatemalteco aprobó un fondo de emergencia de Q 230 millones (alrededor de USD 29,000,000) para responder a la crisis.