La Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera está conmocionada por las nuevas medidas represivas del gobierno de Zimbabwe contra los derechos de los trabajadores.
Mientras predica la paz, el nuevo gobierno continúa utilizando leyes represivas como la Ley de Protección de Orden Público (POSA).
La policía de Zimbabwe arrestó a líderes sindicales y a decenas de activistas que habían planeado manifestarse el 11 de octubre en contra del aumento de impuestos a las transacciones del 2% (anunciado recientemente), el cual habría provocado que los precios se dispararan, aumento de la crisis económica y empobrecimiento de los trabajadores empobrecidos.
Siete líderes del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe, entre ellos el presidente Peter Mutasa y el Secretario General Japhet Moyo, fueron golpeados, pasaron una noche bajo custodia policial y luego de ser liberados con $ 50 USD cada uno, debieron comparecer ante el tribunal.
En la actualidad, más de 40 sindicalistas han sido arrestados en todo el país y 26 empleados de ZCTU y miembros del sindicato estaban bajo arresto domiciliario en la oficina central de ZCTU en Harare, pero más tarde fueron rescatados por los Abogados de Derechos Humanos de Zimbabwe, el mismo día.
A pesar de que la huelga es un derecho constitucional, la policía de Zimbabwe ha utilizado el reciente brote de cólera en el país para justificar la prohibición de la manifestación de ZCTU. Se ha observado que la policía sigue aplicando la ley de forma selectiva basada en la afiliación política. Cualquier reunión del partido gobernante ZANU-PF y otros eventos públicos que no parecen cuestionar las políticas deficientes del gobierno actual, continúan permitiéndose.
Ambet Yuson, Secretario General de la ICM, condena enérgicamente la continua represión de los trabajadores en un país que ha visto los problemas económicos más allá de la era de Robert Mugabe. Declaró: “El arresto brutal de la Junta Directiva de ZCTU en la oficina central de Harare y de otros sindicalistas de todo el país es un acto que perpetúa las violaciones de los derechos sindicales, como ocurrió en la era de Mugabe. Esto es contrario a la Constitución de Zimbabwe, la cual otorga a los trabajadores el derecho a manifestarse". Por lo tanto, la ICM solicita al gobierno de Zimbabwe que detenga de inmediato la supresión brutal de la voz de los trabajadores, que respete la libertad de asociación y permita que los trabajadores demuestren pacíficamente lo establecido en la Constitución de Zimbabwe.