La Federación de Trabajadores Libres (FFW) y la Coalición Laboral Nagkaisa pidieron al gobierno que aumente y agilice la ayuda a los trabajadores después de que se impusiera una prolongación de la cuarentena nacional. La nueva medida se extenderá hasta el 15 de mayo en áreas clave de Luzón, con el fin de evitar la propagación del COVID-19.
Los sindicatos dijeron que la mayoría de los trabajadores no han recibido la ayuda prometida por parte del gobierno. Por su parte, el gobierno admite que solo el 49 por ciento de los beneficiarios objetivo recibieron ayuda mínima. Los sindicatos también expresaron su decepción por el Programa de Medidas de Ajuste Covid (CAMP), un programa de asistencia financiera para trabajadores, el cual fue abandonado abruptamente debido a falta de fondos.
Los sindicatos afirmaron que el paquete de respuesta COVID-19 del gobierno,el cual asciende a
PHP 250 mil millones (USD 5 mil millones) es inadecuado. Dijeron que el fondo es solo el 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y no es suficiente para responder a una pandemia con un impacto económico peor que las crisis financieras de 1997 y 2008.
FFW y Nangkaisa reiteraron su llamado al gobierno para consultar y trabajar con los sindicatos en el abordaje de la crisis. Como tal, hicieron las siguientes demandas:
Un Plan de Acción Nacional claro para derrotar al COVID-19 y proteger a las personas de los impactos de la recesión económica venidera.
Soporte universal, por ejemplo, una garantía de ingresos equivalente al salario mínimo vigente o PHP 10,000 (USD 196.00).
Mejorar la protección ofrecida a los trabajadores del sector salud, quienes están infectados de manera desproporcionada por el virus. Para esto, se sugiere: (a) contratar trabajadores de la salud a tiempo completo; (b) regularizar todos los trabajadores del sector salud en virtud de acuerdos de contrato de servicio (COS) del servicio civil; y (c) priorizar la contratación de aquellos que están en función de voluntarios y que desean ser parte del servicio público.
Crear una Orden del Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE) que obligaría a los empleadores a negociar con los sindicatos o representantes de los trabajadores sobre protocolos prácticos y realistas para abordar el COVID-19. Más importante aún, asegurar pruebas masivas basada en PCR, en lugar de la prueba rápida de anticuerpos promovida por el sector empresarial; provisión de EPP, desinfección regular del lugar de trabajo y permisos de cuarentena pagados cuando sea necesario.
Garantizar servicios médicos gratuitos para trabajadores infectados.
Subsidiar y/o otorgar incentivos fiscales a los empleadores que otorgan un pago de riesgo de PHP 500 (USD 10) por día, o el 25 por ciento o más de los salarios a sus empleados.