Sindicatos Globales condenan deterioro de derechos humanos y sindicales en Filipinas
La CGU, que está compuesta por 200 millones de trabajadores en todo el mundo, incluidos los 12 millones de miembros afiliados de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), instó al gobierno filipino a investigar de inmediato todos los casos de asesinatos y otras violaciones de los derechos sindicales. Hizo un llamado al Departamento de Trabajo y Empleo del país (DOLE) para que fortalezca su monitoreo de las violaciones de los derechos laborales, en particular la plena puesta en funcionamiento del Comité Interinstitucional sobre Homicidios Extralegales, Desapariciones Forzadas, Tortura y Otras Violaciones Graves del Derecho a Vida, Libertad y Seguridad de las personas según lo dispuesto en la Orden Administrativa No. 35 de la Oficina del Presidente, serie de 2012, con representación sindical significativa y mandato renovado.
La CGU indicó que durante cuatro años consecutivos (2017-2021), Filipinas se ganó la dudosa distinción de ser uno de los diez peores países para los trabajadores, según el Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Esto llevó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a expresar su preocupación al respecto, especialmente sobre las violaciones relacionadas con la libertad sindical consagradas en el Convenio 87 de la OIT, el cual Filipinas ratificó en 1953.
En 2019, la Conferencia Internacional del Trabajo solicitó al gobierno filipino que recibiera una misión tripartita de alto nivel (HLTM) para investigar las denuncias de asesinatos, hostigamientos y violaciones de los derechos sindicales, en particular el Convenio 87 de la OIT. Según los informes, el gobierno se demoró y retrasó la invitación del HLTM de la OIT para abril de 2020. Para entonces, la pandemia COVID-19 había limitado el movimiento de personas en todo el mundo.
Desde 2019 a la fecha, los sindicatos afiliados de Filipinas de la CGU han documentado hasta ahora siete (7) asesinatos de sindicalistas, dieciséis (16) casos de arrestos y detenciones, doce (12) casos de desafiliación forzada y otras injerencias estatales en el derecho a autoorganización a través de amenazas, acoso e intimidación y diecisiete (17) casos de etiquetado rojo/etiquetado terrorista/intimidación/acoso.
Lea la declaración completa aquí.