Transición justa a un sector de la construcción limpia
*Declaración conjunta de la ICM y C40 sobre la transición justa hacia una industria de la construcción limpia
En el preámbulo del Acuerdo de París, las partes reconocen la consideración de "los imperativos de una transición justa de la mano de obra y la creación de trabajo decente y de calidad". Se requiere una transformación radical del sector de la construcción para garantizar una transición justa a una economía verde y justa que genere nuevos empleos y oportunidades para los trabajadores, trabajadoras y comunidades más afectados en la transición a cero neto.
En la actualidad, las industrias de la ingeniería y la construcción representan alrededor del 6% del PIB mundial, el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero y consumen entre un tercio y la mitad de los recursos extraídos del mundo. Para sus trabajadores y trabajadoras, el sector es a menudo peligroso e inseguro, caracterizado por empleos precarios, varios niveles de subcontratación y explotación que les impiden organizarse y proteger sus derechos. Un mundo que se calienta rápidamente solo empeora sus condiciones de trabajo, por lo que debemos cumplir con el objetivo de temperatura de calentamiento de 1,5 grados y reducir a la mitad las emisiones para 2030.
La ICM y el C40 tienen esfuerzos conjuntos para la transición hacia una construcción limpia, como una medida de respuesta a este desafío, en línea con el compromiso de las ciudades y los sindicatos por promover una transición justa, tal cual fue prometido 100 días antes de la COP 26, a través del"Llamado a la Acción de los Sindicatos y las Ciudades: Una Década Climática por Empleos de Buena Calidad".
Nuestra visión compartida es la de un sector de la construcción regenerativo, resiliente, inclusivo y justo donde nadie se quede atrás, donde todos y todas puedan prosperar, incluidos aquellos que se ven más afectados por la transición hacia los grupos netos cero, como los grupos de bajos ingresos, las mujeres, gente de color, grupos indígenas, migrantes, entre tros. Juntos, pedimos una transición que aborde la pérdida de empleos, proporcione a todos los trabajadores y trabajadoras empleos de buena calidad y cree comunidades prósperas y equitativas para todos y todas.
No hay dilema entre el medio ambiente ywl empleo. Proteger nuestro planeta significa proteger a los trabajadores, trabajadoras y las comunidades. Abordar la crisis climática y proporcionar empleos decentes para la clase trabajadora a través de una transición justa traerá una recuperación económica verde y justa. Si no se abordan los desafíos que se cruzan entre las desigualdades y la crisis climática en la actualidad, es probable que mañana se planteen desafíos de degradación social de las ciudades y comunidades, con efectos a largo plazo en las personas, las sociedades y la economía.
Una transición justa hacia un sector de la construcción más verde y sostenible:
1. Se basa en el diálogo social entre gobiernos, empleadores y organizaciones de trabajadores para superar las barreras, aprovechar las oportunidades, liberar el potencial y generar innovación.
2. Ofrece programas de capacitación, desarrollo de habilidades ecológicas y apoyo al empleo de manera equitativa para la clase trabajadora.
● Los estudios muestran que al invertir en la renovación y la modernización de edificios, proyectos de infraestructura ecológica, viviendas e instalaciones sanitarias, se pueden crear hasta 100 millones de puestos de trabajo para 2030. Esto está condicionado a la inversión en el desarrollo de habilidades, teniendo en cuenta la escasez de 'habilidades ecológicas' en la mayoría de economías en desarrollo.
● Más del 80% de la fuerza laboral del mañana ya forma parte de la fuerza laboral de hoy. Necesitamos esfuerzos específicos para aumentar el acceso a empleos verdes y decentes en el sector de la construcción, especialmente para las mujeres y los jóvenes, como lo demuestra la investigación del C40 "Creación de empleos verdes locales: Estados Unidos e Italia".
3. Garantiza el acceso a la protección social como derecho humano.
● La protección social es necesaria en el corazón de cualquier proceso de transición justa. Llos empleadores, los gobiernos nacionales y las ciudades actúan sobre ella cuando los poderes están disponibles. Un sistema de protección social sostenible, integral y sensible a los impactos es fundamental para proteger a los trabajadores y trabajadoras de la construcción, sus familias y comunidades contra los impactos relacionados con el cambio climático, así como para hacer frente a la presión que ejerce el cambio climático sobre los riesgos sociales. También ayudaría a respaldar la resiliencia climática y facilitaría la implementación de respuestas de mitigación del cambio climático.
4. Incluye políticas macroeconómicas, industriales y sectoriales para apoyar empresas sostenibles e innovadoras y crear empleos verdes.
● Los esfuerzos de recuperación implican importantes inversiones en infraestructura. Esto genera el impulso para lograr el cambio y la transformación sectorial que necesitamos, pero solo si los paquetes de estímulo crean y generan una construcción ambiental y socialmente justa.
● Si no actuamos ahora, se proyecta que el estrés por calor por sí solo reducirá el total de horas de trabajo en todo el mundo en un 2,2% para 2030, lo que equivale a 80 millones de FTE, de los cuales se prevé que 15,2 millones de FTE se perderán en el sector de la construcción. Por lo tanto, debemos unir fuerzas para crear empleos verdes, inclusivos, seguros y decentes distribuidos equitativamente.
5. Promueve la justicia social y el valor, mientras se esfuerza por la erradicación de la pobreza y la inclusión social.
La transición a una construcción limpia debe ser justa, inclusiva, resiliente y regenerativa. Juntos, podemos impulsar mejoras reales para abordar el cambio climático al tiempo que aumentamos la salud, el bienestar y las oportunidades económicas de los residentes urbanos.
Tenemos una oportunidad única de ofrecer programas de desarrollo de habilidades ecológicas, reciclaje y apoyo al empleo para los trabajadores y trabajadoras de la construcción y acceso a una protección social integral a través de la colaboración entre las ciudades, la industria y los sindicatos.