“El uso habitual de trabajadores migrantes irregulares por parte de los empleadores en la industria de la construcción de Malasia ha creado una crisis de derechos humanos", dijo el Secretario General de la ICM, Ambet Yuson.
“Condenamos estos ataques en los términos más fuertes posibles, exigimos su inmediato cese e instamos al Gobierno a garantizar los derechos de los casi 13.000 trabajadores que ya han sido arbitrariamente detenidos.”
Las redadas comenzaron justo después de la medianoche del 1 de julio, a medida que pasaba la fecha límite para el programa de registro de tarjetas electrónicas (E-Card) del Gobierno. The Straits Times reportó sobre una redada en un dormitorio improvisado en Kapar, en el que agentes de la policía reunieron a 239 trabajadores. 51 de los trabajadores presentes tenían documentación inadecuada. Una trabajadora de Myanmar señaló que desconocía el plazo y que su empleador le había dicho que no se preocupara por ello.
Otros trabajadores han informado la obtención de la E-Card, un proceso que se suponía que era gratuito, les costó miles de ringgit a través de agentes. Muchos trabajadores migrantes sin documentación correcta se mostraron escépticos con respecto al sistema de registro de tarjetas electrónicas y no se registraron por temor a exponerse a las autoridades. En el período previo a la aplicación de la política, los empleadores de Malasia pidieron al Gobierno que prorrogara el plazo, ya que el número de trabajadores registrados era muy inferior al objetivo del Gobierno de 400.000 a 600.000. Se cree que Malasia alberga a 2 millones de trabajadores migrantes irregulares.
Malasia no ha sido sin críticas sobre este asunto. El Ministro de Trabajo indonesio ha exigido a las autoridades malasias que pongan fin a las redadas y detenciones. La Comisión de Derechos Humanos de Malasia señaló que, además de garantizar que los trabajadores tengan documentación documentada, sus derechos deben ser respetados".