Continúa la migración informal masiva fuera Tailandia. Este movimiento está seguido por una nueva serie de reglas migratorias tenientes a la represión de los trabajadores migrantes no registrados. El Gobierno anunció que el plazo de gracia para la aplicación de las normas se extenderá ahora hasta el 1 de enero de 2018, dando a los sindicatos y las ONG más tiempo para presionar para una mayor consulta.
Según un informe del Grupo Migración de la OIT, al 4 de julio alrededor de 200.000 trabajadores migrantes de Myanmar habían regresado a su país. Casi 5.000 trabajadores migrantes camboyanos habían regresado a través de un solo puesto de control; sin embargo, no había datos disponibles a nivel nacional. Han surgido informes de que los funcionarios en un puesto de control en el distrito de Mae Sot habían extorsionado a los migrantes irregulares al solicitarles dinero.
“Según el Secretario General de la ICM, Ambet Yuson: "Instamos al Gobierno tailandés a que rescinda inmediatamente la operación de represión y suspenda la implementación de la nueva ley.”
El Gobierno tailandés aplica un sistema de «tarjeta rosa» para el registro de trabajadores migrantes irregulares. Sin embargo, no son elegibles para la seguridad social, licencia, compensación de trabajadores o licencias de conducir. El Primer Ministro pidió a los trabajadores migrantes no registrados que se sometieran al procedimiento de documentación requerido y al proceso de verificación de la nacionalidad.
Los despidos masivos provocados por la ley han sido experimentados por muchos trabajadores migrantes en Tailandia, incluso aquellos con tarjetas rosadas. Por ejemplo, el BWICT ha estado defendiendo a un grupo de trabajadores migrantes despedidos de la fábrica de materiales de construcción Tostem en la provincia de Patum Thani, empresa que produce ventanas y puertas de aluminio.
Está bien establecido que el régimen de inmigración tailandés está plagado de problemas y corrupción. Los trabajadores que no pueden inscribirse dentro del período de inscripción anual, injustificadamente corto, afrontan la extorsión de la policía y los costos desproporcionadamente altos colocan a los trabajadores en muchas dificultades desde el principio. Las montañas de papeleo requerido impulsan las labores de los agentes de trabajo, alimentando la corrupción.
Los trabajadores registrados aún tienen que lidiar con las leyes laborales de Tailandia, las cuales tienen en poca consideración las normas internacionales de derechos humanos. Se limitan a ciertas industrias de uso intensivo de mano de obra y se les prohíbe viajar fuera de sus zonas de trabajo. Siguen vinculados a su empleador, castigados con arresto o deportación.
La ICM utiliza el término "irregular" en referencia a los trabajadores que son indocumentados o sin papeles.